\ud83d\udd38La Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP) pretende localizar a miles de personas en sus pa\u00edses de origen para requerirles el pago de sanciones econ\u00f3micas pendientes que superan los 400 millones de d\u00f3lares<\/p>\n
#INTERNACIONAL | El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha un plan para contratar a empresas privadas de cobranza que se encarguen de rastrear, localizar y cobrar multas administrativas a migrantes que ya fueron deportados o que abandonaron voluntariamente el territorio estadounidense y residen actualmente en M\u00e9xico, Guatemala y Honduras. De acuerdo con una licitaci\u00f3n publicada por la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP), la administraci\u00f3n federal requiere de una compa\u00f1\u00eda registrada en EE. UU. con capacidad operativa fuera de sus fronteras para notificar los adeudos y gestionar los pagos de las personas localizadas en dichos pa\u00edses centroamericanos y en suelo mexicano. En el documento oficial se detalla de forma expl\u00edcita que el contratista deber\u00e1 ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localizaci\u00f3n de deudores en, como m\u00ednimo, M\u00e9xico, Honduras y Guatemala.<\/p>\n
Las pautas fijadas por las autoridades estadounidenses se\u00f1alan que las empresas contratadas deber\u00e1n aportar pruebas contundentes de la correcta localizaci\u00f3n e identificaci\u00f3n del deudor. Para cumplir con este requisito, la firma privada podr\u00e1 recopilar evidencias fotogr\u00e1ficas de los inmuebles donde habiten las personas, recibos de servicios p\u00fablicos o registros de empleo locales. Asimismo, en los casos en que la persona notificada haya fallecido, el cobrador estar\u00e1 obligado a tramitar y presentar la fe de defunci\u00f3n correspondiente. Una vez confirmado el paradero, la agencia de cobro notificar\u00e1 el monto pendiente y ofrecer\u00e1 facilidades para liquidar el saldo total, ya sea a trav\u00e9s de un pago \u00fanico, convenios a plazos u otros acuerdos de regularizaci\u00f3n, permitiendo incluso que el adeudo sea saldado directamente por el migrante o mediante un tercero.<\/p>\n
Seg\u00fan cifras de la CBP, se calcula que al menos 66,387 migrantes expulsados o retornados por su propia cuenta mantienen sanciones civiles sin saldar, mientras que cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se\u00f1alan que la bolsa global de multas no cobradas por infracciones migratorias asciende a unos 423 millones de d\u00f3lares. El endurecimiento en el cobro de estas sanciones deriva del restablecimiento de multas civiles por faltas a la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad (INA), entre las que figura el desacatamiento de una orden final de deportaci\u00f3n, cuya penalizaci\u00f3n original fijada en 1996 era de 500 d\u00f3lares diarios y que hoy en d\u00eda, tras los ajustes inflacionarios, alcanza los 998 d\u00f3lares por d\u00eda. Aunque las autoridades estadounidenses ya empleaban los servicios de despachos de cobranza dentro del territorio norteamericano, la falta de resultados para rastrear a los sancionados que viven fuera del pa\u00eds deriv\u00f3 en esta nueva estrategia para llevar las gestiones de cobro directamente al extranjero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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