Alberto Fernández monitorea el caso del avión con iraníes y hay alerta en el Gobierno por su repercusión internacional

Alberto Fernández sigue de cerca el caso del sospechoso avión venezolano que trasladaba a cinco ciudadanos iraníes y que se encuentra retenido en el Aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, motivo que generó la actuación inmediata de la justicia federal.

El Presidente se mantiene en contacto permanente con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con quien habló por teléfono ayer y hoy. El funcionario aseguró este lunes que “el nombre de uno de los tripulantes coincide con un nombre de la guardia revolucionaria islámica”.

Fernández explicó que en el momento que el avión aterrizó en Argentina “no había nada que nos mostrara que no tenía que ingresar” y sostuvo que “después hay muchos cruces que se hacen y encontramos la punta para la investigación pertinente”.

Lo cierto es que el Gobierno se mantiene en alerta por el caso del avión iraní y los resultados que pueda arrojar la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Federico Villena, que esta mañana le ordenó a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que forman parte de la tripulación.

Hasta el momento, el Gobierno no tiene ninguna información consistente que reporte gravedad para la seguridad del país. Así lo indicó un importante funcionario nacional con acceso al despacho presidencial. “Más allá de las teorías conspirativas, parece que no hay nada”, sostuvo. No ven que los tripulantes presentes riesgo para el país.

Fuentes de seguridad, indicaron a Infobae que se revisó el historial de cada uno de los tripulantes que llegaron arriba del avión y sobre ellos no pesa ninguna alerta de Interpol ni de ningún otra agencia. Ni siquiera del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, quien según la información que tienen, sería un homónimo que es diez años menor al que estaría relacionado a las fuerzas Quds.

“Ningún tripulante tiene alertas que nos permitan disparar el protocolo anti terrorista”, indicó un funcionario nacional que sigue de cerca los pormenores de la causa. El avión está varado en Ezeiza y en el Gobierno estiman que será difícil que salga del país porque ninguna petrolera quiere cargarles combustible.

Fuentes de Seguridad informaron a este medio que es probable que si en 72 horas, tiempo que la justicia determinó que se les retuviera los pasaportes a los tripulantes, no aparecen datos importantes que expongan alguna vinculación con fuerzas militares iraníes, los tripulantes podrán salir del país.

Esta mañana Infobae publicó el informe que recibió el Gobierno sobre la ruta y el accionar de la aeronave Boeing 747-300M, matrícula YV3531, perteneciente a la Compañía EMTRASUR, que operaba el vuelo 9218. El vuelo llevaba 17 tripulantes en total, de los cuales 12 son venezolanos y 5 iraníes.

La Cancillería argentina recibió un pedido del juzgado federal para que se comuniquen con las embajadas de Irán y de Venezuela y los pongan en conocimiento de la interposición de la acción judicial que está en curso, solicitud que ya fue cumplida. Hasta ahí llegó su accionar.

El canciller, Santiago Cafiero, aseguró que no existe “ningún tipo de requerimiento diplomático por parte de Venezuela” y advirtió que se trata “estrictamente de una cuestión de seguridad”. El funcionario resaltó la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y sostuvo que pasó el hecho “pasó a ser un tema judicial”.

La Cancillería espera que avance la investigación judicial y, una vez que el juez decida qué medidas tomar, avanzará en consecuencia. “Es una investigación que está en sede judicial y, a partir de las medidas que va tomando el juzgado federal, van marcando el camino de las acciones que tiene que ir tomando el Gobierno”, explicó.

Villena le ordenó a la PSA que informe “cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana de la empresa Emtrasur­, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini”. La investigación está en proceso y en el gobierno nacional reina la cautela.

La principal sospecha de la justicia y del Gobierno recaen sobre la relación que puedan tener los tripulantes iraníes con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sus miembros y sus empresas fueron designadas como “terroristas” por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007.

Además, miran con desconfianza la accionar de los que ingresaron, quienes había declarado una tripulación menor a la que finalmente viajó arriba del avión. La tripulación no está inmovilizada, pero no tienen sus pasaportes, ya que fueron retenidos por la justicia.

Frente la falta de claridad del caso, Juntos por el Cambio y las dos entidades judías más importantes, AMIA y DAIA, le pidieron al Gobierno que brinde información concreta y detallada sobre la situación del avión.

“AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, exigen una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país”, indicaron las entidades en un comunicado conjunto.

En tanto, diputados de la oposición presentaron un pedido para que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el de Seguridad, Aníbal Fernández, expongan en la Cámara baja la información oficial que tienen sobre el avión.